Por Ybrahim Luna

Este 26 de septiembre se cumplen ocho años del caso Ayotzinapa, uno de los episodios más oscuros en la historia de violaciones de los derechos humanos en México. Son ochos años desde la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala (norte del estado de Guerrero). El caso ha cobrado actualidad -y reabierto heridas- gracias al informe de la “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia” presentado el 18 de agosto de este año por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, como parte de una promesa del presidente mexicano Manuel López Obrador con las familias de los desaparecidos.

Las conclusiones del informe, aparte de echar por tierra las “verdades históricas” establecidas durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), arriban a certezas dolorosas: fue un crimen de estado y no hay posibilidad de que los normalistas estén vivos. Trozos de huesos, conmemoración de un hecho histórico, un ómnibus con un posible cargamento de droga, cremaciones y encubrimiento político son apenas unos ingredientes de esta oscura trama.

Las escuelas normalistas campesinas de México surgieron entre los años 20 y 30 como una respuesta a la falta de atención del gobierno a la educación en las zonas rurales. Los estudiantes y futuros maestros de estas normales tenían una marcada influencia izquierdista lo que generó permanentes confrontaciones con el gobierno central que intentaba desactivar estas unidades educativas por considerarlas “núcleos ideológicos”.

Una práctica común de los normalistas en los últimos años era retener autobuses y usarlos para trasladarse hacia Ciudad de México para conmemorar “la Masacre de Tlatelolco” el 2 de octubre. Dicha masacre ocurrió en 1968 cuando el ejército y grupos paramilitares mataron a cientos de personas durante masivas protestas estudiantiles.

El 26 de septiembre de 2014, siendo las 5:00 p.m., estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala en dos autobuses incautados previamente a la compañía Estrella de Oro. A las 7:05 p.m. secuestraron una tercera unidad cerca de Rancho del Cura. Al llegar a la terminal terrestre de Iguala, a las 8:30 p.m., se separaron en dos grupos. Tras unos altercados, los normalistas detuvieron dos unidades más, siendo cinco los autobuses que se dispusieron a salir de Iguala. Las dos primeras unidades se desviaron en dirección norte y sur al notar un bloqueo policial, las tres restantes fueron perseguidas por patrullas policiales durante varias cuadras.

La policía disparó contra los autobuses y logró acorralarlos entre la avenida Periférico y un cruce donde se apostaban más camionetas policiales. Ningún normalista estaba armado. Los policías municipales hicieron descender a 20 estudiantes del tercer autobús del convoy, los registraron, los pusieron boca abajo y los trasladaron en camionetas. A las 9:40 p.m., el cuarto autobús fue detenido con disparos y bombas lacrimógenas bajo un puente cerca del Palacio de justicia de Iguala. La policía se llevó entre 12 y 15 estudiantes detenidos. A las 10:30 p.m., los normalistas del quinto autobús fueron detenidos, pero lograron huir mientras eran trasladados a pie. Se estima que, en las redadas de madrugada en zonas cercanas, la policía detuvo unos 12 estudiantes más.

Durante el gobierno de Peña Nieto se mantuvo una infame “Verdad histórica” a través de la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, que concluyó que los 43 estudiantes fueron asesinados y cremados por el grupo criminal Guerreros Unidos en coordinación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. La hipótesis sostenía que los normalistas, algunos de ellos integrantes de la banda criminal “Los Rojos”, iban a boicotear un evento político de la esposa del alcalde, por lo que este coordinó la detención de los estudiantes por parte de la policía municipal de Iguala y su entrega al grupo rival que los asesinaría, cremaría en el basurero de Cocula y desecharía en el río San Juan. Pero informes de equipos independientes y de la CIDH desbarataron esta hipótesis.

Hoy el exprocurador Murillo Karam ha sido detenido y será procesado por desaparición y tortura, y el informe de la “Comisión para la Verdad” ha brindado algunas luces sobre lo que realmente pasó esa noche: fue un crimen de estado, las autoridades de los tres niveles de gobierno cometieron fallos y encubrimiento que permitieron la ejecución de los estudiantes, la policía entregó los normalistas detenidos a una banda criminal, los cuerpos deben estar enterrados en lugares dispersos, al menos 6 normalistas murieron por orden de un comandante del ejército, ningún estudiante perteneció al clan “Los Rojos”, técnicamente no fue posible cremar 43 cuerpos en el basurero de Cocula, etc.

La hipótesis con más consenso en la actualidad es que los normalistas retuvieron sin saber autobuses que la mafia usaba para trasladar droga y dinero hacia la frontera con EE.UU.; una mafia conformada por el grupo Guerreros Unidos (sicarios y “halcones”) y por malos elementos de las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuko, y del mismo ejército. Toda una red criminal que reaccionó para no perder su cargamento y que confundió a parte de los normalistas con integrantes de una banda enemiga.

Mientras las detenciones por el caso continúan, por el momento solo se han hallado pequeños fragmentos óseos de tres normalistas en zonas alejadas al basurero de Cocula.