CEPES Perú nos dice: "No hubo un diálogo intercultural; todo lo contrario, fue una negociación desigual, entre 18 viceministerios y SOLO 2 organizaciones indígenas. Desde un inicio las organizaciones plantearon MODIFICAR la Ley de Consulta antes de crear el reglamento, sin embargo los funci0narios rechazaron la propuesta, provocando que varias organizaciones indígenas abandonaran la NEGOCIACIÓN con el Estado. Esto le ha quitado LEGITIMIDAD al proceso y al reglamento mismo. El momento más difícil fue cuando los funcionarios del Estado propusieron que la consulta DEBE DARSE LUEGO DE QUE EL ESTADO OTORGUE LA CONCESIÓN. Muy por el contrario las organizaciones indígenas plantean que la Consulta DEBE REALIZARSE ANTES DE OTORGAR CUALQUIER CONCESIÓN. Para el gobierno de Humala, la concesión NO DEBE SER CONSULTADA, lo que contradice el mismo Convenio 169 de la OIT, que establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas antes de autorizar cualquier explotación".

La pregunta entonces, ¿para qué una Ley de Consulta si primero se otorgará la concesión sí o sí? Digamos que se otorga la concesión a una poderosa minera transnacional, luego se da el conflicto y luego la Consulta, que por cierto no es vinculante ya que el Estado tendrá la última palabra, ¿a quién creen que dará la razón el Estado, a un grupo indígena o a la minera que ya tiene la concesión y que amenazará con llevar a otro lado sus poderosas y rentable inversiones? ¿A quién creen que preferirán Valdés y Castilla? O sea, una vez otorgada la concesión, ¿la empresa y el Estado podrán desplegar todo su potencial publicitario para convencernos de que los opositores al proyecto son violentistas?